¿Quiénes son los terroristas?

© Nicolás Rocha

El presente texto no habría sido posible sin el archivo de organizaciones sin ánimo de lucro y medios de comunicación independientes que han visibilizado la situación que se vive en las principales ciudades del país en el marco del Paro Nacional 2021. En Instagram, @pacifista_col, @laorejaroja, @lasillavaciaoficial y @tembloresong han hecho un verdadero trabajo de documentación, difusión y apoyo a las organizaciones e individuos manifestantes. Por favor, considere apoyarlos económicamente, el cambio no puede darse sin libertad de prensa y estos son algunos de los pocos medios que le han hecho frente al monopolio ultraderechista de los grandes canales televisivos, radiales e impresos de Colombia.

Los fieles seguidores del uribismo han dicho y hecho de todo en este país. Sus comportamientos y discursos suelen dar cuenta de las profundas raíces que puede tener la tendencia fascista en la configuración de subjetividades: el Sagrado Corazón de Álvaro Uribe que popularizó la senadora Paloma Valencia es argumento suficiente de las convencidas sacralizaciones de la figura pública del expresidente. En todos los rincones del país (y también en tierras extranjeras) un séquito que bien podría parecer de carácter sectario lo escucha y defiende a capa y a espada, a Toyota blanca y fusil, difuminando el límite entre la fidelidad y la fe y adoptando un cierto carácter religioso que endiosa la imagen de Uribe. Su figura es sacra, su palabra mandamiento y su poder omnipresente, creador y destructor.

A esta situación altamente peligrosa se le suman las otras formas de ejercer poder que tiene Uribe: sus nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico; el poder económico y político que le permite decidir el ejecutivo en temporadas electorales; su fuerza en el legislativo, a la cual en esta mal llamada democracia sus opositores no han logrado imponerse ni en el sufragio ni en la oratoria; y su alcahuetería con el judicial, que le ha facilitado ordenar crímenes de lesa humanidad en las poblaciones más abandonadas de nuestro fracturado país. El fascismo en Colombia, en cara de este personaje y de sus fieles, es una fuerza demasiado grande contra la cual luchar por medio del ejercicio de derechos; cosa que se ha puesto en evidencia en este paro nacional donde ya cerca de 2000 casos de violencia policial han sido documentados en tan solo doce días de protesta.

El día de ayer el expresidente Uribe viralizó un video en el que se deslegitimaba un plantón en Barcelona. Los colombianos ubicados en esa ciudad se reunieron para denunciar, por medio de un performance en el que simulaban un disparo, el asesinato de los civiles durante las marchas y la brutalidad policial que ha violado una preocupante cantidad de derechos constitucionales ante las órdenes del gobierno nacional. En dicho video, la persona que graba tilda de “activistas guerrilleros” a los manifestantes, y asegura que están auspiciados por los “venezolanos bolivarianos” ubicados en ese país. El comentario de Uribe sobre el video destila odio y tergiversación: “en Europa distorsionan la democracia colombiana, quieren ignorar que aquí se respeta la protesta y se pide al terrorismo respetar a Colombia”, dice.

Esta afirmación, altamente peligrosa, pone en una situación delicada a la comunidad internacional. El uso de un sujeto tácito en su postulado tiene el doble sentido de condenar tanto a los manifestantes como en general a las organizaciones parlamentarias y gubernamentales que se han proclamado en desacuerdo con el manejo que el gobierno de Iván Duque, títere de Uribe, le ha dado a las protestas. Su manera de entablar el discurso esconde y condena a todo aquel que se atreve a ver la verdad de lo que pasa en Colombia, sea la prensa independiente nacional o la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, lejos de ser novedosa o aislada, su estrategia ha sido usada de manera sistemática desde el siglo pasado por una gran cantidad de dirigentes. Mucho antes del 9/11 ya se hablaba del terrorismo como una estrategia de guerra de objetivos concisos: atentados situados llevados a cabo por un pequeño grupo de personas con la ardua tarea de ejecutar intrincados planes organizados por inteligencia militar. El terrorista por antonomasia de la prensa occidental ha sido y sigue siendo el musulmán, un pueblo que se granjeó el título por alzarse en armas ante la incursión de las potencias que se disputaban la Guerra Fría, por sus posturas religiosas radicales y sus constantes negaciones a mantener relaciones económicas y diplomáticas con Estados Unidos.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 terminaron de popularizar el término. El gobierno de Estados Unidos adoptó una política del miedo en sus territorios y acabó por difundir la nueva imagen del Estado Islámico en el resto del mundo occidental. Con tal manejo mediático de los hechos violentos, el direccionamiento del miedo en las diferentes naciones se ha ido convirtiendo en la manera de compactar las crecientes individualidades ante un objetivo común; pues así se ha logrado mantener la presencia de las fuerzas militares como la imagen de cohesión estatal en donde los otros aspectos, antaño gubernamentales –la salud, la educación, la cultura, la ciencia y la producción–, han sido privatizados.

La política del miedo funciona porque el terror es la constante del ser humano individualizado, que se siente desprotegido ante el ritmo vertiginoso de la hiper-producción y la inconmensurable cantidad de información que lo bombardea diariamente; más aún en un mundo que de la noche a la mañana los halló aislados en medio de una terrible crisis de salud pública con la pandemia de COVID-19, donde no hay ninguna certeza y la muerte acecha a la vuelta de la esquina. Fue la política del miedo, y no el 9/11 o el comunismo o Corea del Norte o China o el enemigo de turno lo que le dio el poder a Trump en el 2017, el que le ha permitido a Estados Unidos invadir los desiertos de Medio Oriente para extraer petróleo, el que permitió la emergencia del paramilitarismo en Colombia, la posesión de Iván Duque con sus aclamados diez millones de votos y la que hoy pretende legitimar el asesinato, la tortura, el maltrato, la violación, la desaparición y la detención arbitraria de miles de manifestantes.

El as bajo la manga de la política del odio está en el establecimiento de distanciamientos vitales, ellos y nosotros, que se apoyen en la dicotomía moral para legitimar las mismas acciones que al otro se le niegan. El bien y el mal se ajustan para consentir o castigar con base en el principio de la otredad. En Colombia el uribismo lo ha adoptado como bandera: por medio de la comparación con Venezuela, un paralelo desproporcionado que ignora la cantidad de factores que han influido en el colapso económico del país vecino, se configuró a la oposición de la fórmula presidencial de Duque en las elecciones de 2018 como un enemigo al que había que temerle; y de esa estrategia nació una fracción importante de los votos que le otorgaron al Centro Democrático, de nuevo, el poder ejecutivo.

En la estructura cíclica de la violencia en Colombia hechos por el estilo vienen y van. El llamado ‘Baile Rojo’ de los años ochenta y el asesinato de líderes sociales después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en el 2016; el repudio a la violencia contra la fuerza pública pero la alcahuetería, la vigilancia y la facilitación de información para realizar asesinatos selectivos a manifestantes pacíficos son prueba de ello. Ya el 29 de abril, segundo día de protestas, Uribe le solicitaba al gobierno militarizar las calles porque “la protesta no puede ser excusa del terrorismo”, y desde entonces los grandes noticieros han querido construir de todas las formas posibles a ese otro al que hay que temerle: que las disidencias de las FARC y el ELN están promoviendo la protesta violenta, que Gustavo Petro está financiando disturbios, que los “venezolanos bolivarianos” le dicen qué hacer a los colombianos que protestan en Barcelona, etcétera.

Y entonces, ¿quiénes son los que realmente están construyendo el terror? El gobierno de Duque y su estrategia de miedo lo han dejado claro en estos días de paro nacional. La difusión en las redes sociales de las acciones de liderazgo del joven Lucas Villa había desplegado todo un operativo para ficharlo. Testigos han denunciado que varias veces fue apuntado con láseres de luz verde, comunes entre la indumentaria policial; y en la noche, de camino a casa, fue acribillado con 8 disparos que lo tienen bajo pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos en Pereira.

Ayer en Cali, personas de civil acompañadas de miembros de la Policía Nacional le dispararon a la Guardia Indígena caucana que se manifestaba de forma pacífica. Vicky Dávila –periodista de Semana y conocida por sus tendencias ultraderechistas– lo legitimó al argumentar falazmente que la Guardia tiene el control de la ciudad y es responsable del bloqueo que tiene en un “total desabastecimiento de alimentos” a todo el país. Aquí el uribismo utiliza un arma de doble filo: causa el atentado y señala al grupo minoritario como el terrorista. El propio Estado siembra y cosecha el terror. Cada día tenemos un 9/11 en las calles, los respectivos misiles que reprimen a los manifestantes y un nuevo grupo de musulmanes: esos jóvenes que luchan por sus derechos por la vía democrática de una democracia que no existe y que son tildados de vándalos y guerrilleros para poder asesinarlos.

Sea como fuere, de la misma manera que ha sucedido en otros lugares del mundo, el talón de Aquiles de la política del miedo es no comerse el cuento de que el otro es el enemigo; y en Colombia el discurso del odio cada vez tiene menos efecto. Por esa razón la violencia policial se ha intensificado desde el paro nacional del 2019; los dirigentes quieren contener una fuerza que cada día se les sale más de control: el despertar de un país cansado de cada día levantarse más oprimido, más pobre y con menos oportunidades. Queda por ver cuánto tiempo más se van a prolongar los crímenes contra los derechos humanos antes de que el uribismo sea castigado. A pesar de la represión, en cada nueva jornada se aviva el fuego de la protesta social pacífica; y con la comunidad internacional en alerta, el cambio se avecina y augura una democracia más sana y más justa para los territorios. Los jóvenes de hoy no se aterrorizan, confían en que las muertes de sus compañeros no hayan sido en vano y que a las generaciones venideras les espere una Colombia menos fascista y corrupta, donde se viva de la tierra y no del miedo, y donde la ciencia y las artes acallen las balas.

Santiago López

Autor

Bogotano. Cada acción es vital y cada espacio es político. Busco habitar responsablemente. Activista del open source y la defensa de la privacidad digital. A veces escribo.