La manifestación del luto

Fotografía de © Kelly Sánchez. @ksan_chezk

La remoción de la reforma tributaria, el decreto de la matrícula cero para el segundo semestre del año, el archivo de la reforma a la salud y -el más reciente triunfo del paro- la cancelación de la Copa América en el país, han sido cuatro grandes logros de las protestas que han tenido lugar en todo el territorio colombiano desde el 28 de abril. Sea por una verdadera presión sobre los poderes del gobierno o por una pretensión de los políticos de limpiar su nombre para las elecciones del ejecutivo en el 2022, el movimiento social se ha hecho oír y las solicitudes del pliego del Comité Nacional del Paro se han ido cumpliendo como una lista de tareas; un comportamiento que es inusual en el Estado. Sin embargo, desde esa óptica, resulta más inusual que se sigan convocando tantas personas como al principio y que las marchas continúen tan multitudinarias después de tan magnos triunfos.

Habría que hacer un análisis detallado de la dinámica del paro para entender este fenómeno, en el cual el factor de la brutalidad policial ha influido de manera significativa. El 28 de abril los colombianos salieron a demostrar su descontento frente a algunas decisiones de las grandes esferas de la política colombiana: decretos, proyectos de ley, tranzas que se mueven en los campos de acción de los entes regulatorios que habrían de representar a la población. Amparados en la democracia, que debe facilitar y legitimar la inconformidad de sus habitantes sobre el rumbo que toma o puede tomar la comunidad que habitan, se organizaron las manifestaciones convocando a sindicatos, grupos políticos y población general. Como suele suceder, el primer día hubo marchas multitudinarias, pacíficas y tranquilas en las grandes ciudades del país. Hubo canto y baile. Se gritaban arengas contra la reforma tributaria y el precario manejo de la pandemia. Pero luego, mientras el día caía y las personas iban regresando a sus casas, la policía empezó su represión. Los gases, las detenciones arbitrarias, y la brutalidad de los uniformados acabaron con la democracia, y entonces la protesta mutó.

Ya en noviembre del 2019 había sucedido algo similar. Luego de que un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbos le disparara en la cabeza a Dilan Cruz, un joven estudiante que participaba en la protesta, la manifestación empezó a girar en torno a la víctima. En Bogotá, las marchas ya no iban direccionadas hacia la Plaza de Bolívar o hacia el Monumento a los Héroes; en cambio, se congregaron primero alrededor del Hospital San Ignacio (donde Dilan estuvo luchando por sobrevivir) y luego en la esquina de la calle 19 con carrera 4 (donde le dispararon) para honrar su memoria. De alguna manera el paro se había convertido en un llanto común contra la institución asesina. Las arengas por la defensa de la educación y del acuerdo de paz se habían extinguido; la gente en las calles pedía la reforma policial y el desmonte del ESMAD, pero nada más.

Hoy día, aunque el ejecutivo y el legislativo hayan retirado ya varias de las iniciativas que generaron el descontento general de la población en un primer momento; la manifestación no cesa porque Colombia está de luto, porque con el sol una nueva esquina, plaza o monumento se convierte en el espacio para llorar un nuevo muerto y porque la población solicita, por medio del dolor y la rabia, que se haga justicia. No importa lo sumiso que se ponga el gobierno ante el pueblo, que retire su reforma tributaria o archive el proyecto de la reforma a la salud mientras se continúe violando la democracia militarizando las calles y consintiendo masacres en los barrios populares. Ningún avance en el parlamentario va a curar las heridas de las estaciones de transporte público que se han transformado en centros de tortura, de los particulares auspiciados por la fuerza pública que han disparado contra las comunidades indígenas o de las amenazas y los ataques directos contra la misión médica que ha acompañado las marchas. Hay un número de asesinados que aumenta cada día, y ni el gobierno nacional ni el comité del paro pueden continuar apostándole a que los gritos de desesperación de una madre, de un hermano, amiga o compañero se acallen con la cancelación de la Copa América o con un semestre de matrícula gratuita en las universidades públicas.

En esta dinámica de la manifestación, el luto está por encima de la lucha por los derechos; y esa relación con la muerte que el contexto político de la protesta ha adoptado tiene una significación clara sobre el sistema de gobierno del país: hace visible la herida por donde la democracia se desangra. Lo primero que le solicitan los colombianos al Estado es que se les respete la protesta, que es, en sí, su derecho a estar en desacuerdo y a demostrarlo pacíficamente; que se consolide la verdadera democracia para, ahí sí, restablecer la salud, la educación y el sistema tributario; porque con una fuerza policial asesina y violadora que permanece impune, todo avance que se haga en las grandes esferas de la política será en vano mientras no se cierren las brechas que la represión causa.

La verdadera solicitud está en la reforma policial y el desmonte del ESMAD, en las garantías de la paz en los territorios y en la manifestación democrática de la diferencia política e ideológica de las comunidades; porque si el Estado no puede asegurar estos principios humanitarios básicos de base, es imposible pensar en la construcción de un país más justo.

Algunos medios han tenido la desfachatez de minimizar este fenómeno del paro al asemejar lo que pasa en las ciudades como una suerte de guerra en la que grupos revolucionarios han decidido, dependiendo de la orientación política del canal, o resistir la represión de una fuerza armada fuera de control o tomarse las ciudades para acabar con las instituciones de justicia e imponer nuevos regímenes. Estas afirmaciones desproporcionadas terminan comparando las balas con las arengas o las piedras, y pueden llegar incluso a construir la imagen de unos universos fantasiosos de organización insurgente urbana que nada tienen que ver con el derecho a la protesta. Lo que está sucediendo es muchísimo más complejo.

Para entenderlo, necesariamente hay que regresar a una de las solicitudes que se le hacía al gobierno en el 2019 al pedirle que se respetara el Acuerdo de Paz y se garantizara la protección de los líderes sociales que, desde el 2016, han sido sistemáticamente asesinados. En Colombia los lazos del poder ejecutivo con el judicial, tan propios de una dictadura, condenan la manifestación de la diferencia ideológica con la violencia. Sus discursos se excusan en la insurgencia, el narcotráfico o el comunismo para enviar a sus vergudos (una fuerza pública neo-chulavita y sus organizaciones paramilitares afiliadas) a reprimir brutalmente a todo aquel que represente un peligro para la pequeña oligarquía que, a punta de guerra, manejo mediático y crímenes de lesa humanidad, ha mantenido al mismo grupo de familias en el poder desde hace más de 50 años.

Lo que sucede hoy en las calles de las grandes urbes del país es una versión concentrada de la violencia que ha vivido el campesinado colombiano desde hace más de medio siglo: una represión estatal diseminada en el tiempo; refugiada en los rincones de una geografía facturada; amparada en las altas cortes la meseta capitalina; y camuflada en diferentes caras, nombres y razones sociales. Colombia es una democracia prometéica: condenada a ser acribillada todos los días por un fascismo camaleón. Aquí la élite del gobierno tiene todo lo que Videla tenía: fuerzas militares que cometen crímenes de lesa humanidad con el pretexto de proteger el régimen, prácticas institucionalizadas de tortura, desplazamiento masivo de las poblaciones vulnerables, desaparición forzada, exterminio político, etcétera. Si con todas estas aristas sobre la mesa el pueblo sigue en las calles manifestando este luto que no tiene ni días de duelo ni silencios, es porque la verdadera solicitud está en la reforma policial y el desmonte del ESMAD, en las garantías de la paz en los territorios y en la manifestación democrática de la diferencia política e ideológica de las comunidades; porque si el Estado no puede asegurar estos principios humanitarios básicos de base, es imposible pensar en la construcción de un país más justo.

Ahora, el movimiento social enfrenta grandes retos. Además de seguir resistiendo la brutalidad policial sin más protección que sus propias manos, la lucha corre el riesgo, por un lado, de morir ante la negociación de un pliego que no representa la nueva base de la protesta, y por otro, de ser utilizada políticamente para fomentar el populismo en los partidos de ultra y centroderecha que por esta época previa a elecciones se ponen tan generosos con las comunidades que se han dedicado a empobrecer. Sin embargo, ya un engranaje dentro del legislativo y el judicial se ha puesto a andar para trabajar por las garantías del derecho a la protesta social pacífica y el desmonte policial. El pueblo pide atención, y así sea por la viralización en redes sociales de las golpizas, la sangre y los casquillos de bala, se está haciendo escuchar.

Santiago López

Autor

Bogotano. Cada acción es vital y cada espacio es político. Busco habitar responsablemente. Activista del open source y la defensa de la privacidad digital. A veces escribo.